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En fecha 22 de septiembre de 2015 se publicaba la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria. Esta es la reforma de mayor calado de la Ley General Tributaria desde su promulgación en 2003 y complementa la reforma fiscal cuyos últimos hitos afectaron al IRPF, Impuesto sobre Sociedades o al IVA.

Los objetivos esenciales de la reforma son:

  1. Lucha contra el fraude fiscal
  2. Reducir la litigiosidad
  3. Incrementar la seguridad jurídica

A continuación, resumimos las principales medidas adoptadas:

  1. Ampliación de las potestades de los órganos de inspección.

En el caso de ejercicios prescritos, se amplían las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias siempre que estén relacionadas con obligaciones de ejercicios no prescritos.

Para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar, se fija un plazo de 10 años.

Adicionalmente, aun cuando se aprecien indicios de haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública, se aprueba el procedimiento para liquidar administrativamente estas deudas tributarias y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas deudas.

Asimismo, se mejora la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar y su plena aplicabilidad, tanto para la determinación de ingresos como de los gastos.

  1. Nueva sanción por conductas artificiosas o fraudulentas.

Como nueva norma antiabuso, y de acuerdo con el Consejo de Estado, se introduce una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, las cuales son confeccionados únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto por las normas tributarias.

En este sentido, la obtención de un ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración Tributaria como actos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria serán sancionables.

No obstante, requiere que se haya dado reiteración para poderse sancionar en los casos ya calificados previamente como abusivos por la Administración.

  1. Lista de los deudores con la Hacienda Pública.

Sin duda la más mediática de las medidas de la reforma, se regula la publicación individualizada de listados de obligados tributarios con deudas y sanciones pendientes superiores a 1 millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo que se encuentre aplazadas o suspendidas.

La publicación tendrá lugar en el primer semestre de cada año, y previamente a la misma se efectuará notificación al deudor de su inclusión en la lista, concediéndole trámite de audiencia, en el que exclusivamente podrá oponer errores materiales, aritméticos o de hecho referidos a los requisitos que determinan su inclusión. En este sentido, se recoge expresamente que las actuaciones realizadas por el deudor con posterioridad a la fecha de referencia en orden al pago no tendrán efectos en la publicación.

Medida que ya fue puesta en funcionamiento el pasado 22 de diciembre mediante la publicación del listado de deudores (adjuntamos enlace https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/NoIx/Listado_deudores_Art95bisLGT.pdf).

  1. Aplicación de las nuevas tecnologías.

Se prevé en la norma el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministros Inmediato de Información) que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017.

En relación con los libros registro, se tipifica una nueva infracción consistente en incurrir en retraso en la obligación de su llevanza y suministro a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (el 0,5% del importe de cada factura, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros).

La utilización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera lo exija se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.

  1. Aumento de los plazos de inspección.

La reforma incrementa los plazos y hace más previsible el cálculo de su conclusión. Se establece con carácter general un período temporal más amplio de 18 meses frente a los 12 meses existentes en la actualidad, a la vez que se limitan las causas de suspensión del cómputo y se eliminan las dilaciones no imputables a la Administración.

  1. Agilización de las reclamaciones económico-administrativas.

También se aprueban medidas para agilizar la actuación de los Tribunales Económico- Administrativos tales como:

  • Impulso de medios electrónicos: notificaciones electrónicas obligatorias y expediente electrónico.
  • Potenciación del sistema de unificación de doctrina intra-Tribunales: El TEAC tendrá la competencia para dictar resoluciones en unificación de criterio. Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR) podrán dictar resoluciones de fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas
  • Nuevos recursos de anulación y de ejecución.
  • Se reducen plazos de resolución.

Jordi Brotons

Socio del área Tributaria

Artículo original publicado en el nº 1 de la Butlleta d’Actualitat Jurídica de 2016.