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Desde la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), el pasado 9 de marzo, se han levantado multitud de dudas sobre la aplicación de las novedades fiscales que esta Ley incorpora, aunque dichas modificaciones fiscales que afectan principalmente a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA) ya entraron en vigor el 10 de noviembre de 2017, por lo que ya han estado afectando a la actividad propia del sector de la contratación para con el Sector Público.

Con la intención de arrojar un poco de luz sobre cómo se articulan y afectan estas modificaciones introducidas en la LCSP, desde AAMC Abogados presentamos en este artículo un compendio de todas estas novedades y sus principales implicaciones a efectos tributarios.

Antes de analizar concretamente las novedades fiscales conviene indicar a modo de resumen ejecutivo que la nueva LCSP nos trae tres importantes modificaciones que entran con la publicación de la Ley, y a su vez, abre la puerta a dos futuras modificaciones también de relevancia a las que el legislador se compromete a dar salida.

Así, las modificaciones que ya se aplican son las siguientes:

  1. La no sujeción al IVA de determinadas operaciones realizadas por las propias Administraciones Públicas.
  2. Modificación del tratamiento fiscal dado a las subvenciones vinculadas al precio de aquellas operaciones sujetas al IVA.
  3. Deducibilidad de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos duales.

Por otro lado, las modificaciones futuras se concretan en:

  1. Actualización del listado de países y territorios con consideración de paraíso fiscal.
  2. Modificación del Reglamento del Impuesto de Sociedades conforme a las obligaciones de información de los grupos de empresas.

La no sujeción al IVA de determinadas operaciones realizadas por las propias Administraciones Públicas.

 

Con la modificación del artículo 7.8 LIVA el legislador trata de resolver la histórica problemática que ha acaecido sobre la tributación en IVA por las operaciones realizadas por la propia Administración Pública. Por ello se ha sustituido la hasta ahora mencionada “encomienda de gestión” por los “encargos ejecutados por las entidades” estableciendo que estos últimos no estarán sujetos al impuesto en tanto dichos encargos sean ejecutados por entidades del sector público que reúnan la condición de “medio propio personificado del poder adjudicador ‘’ que haya realizado el encargo.

Dicho “medio propio personificado del poder adjudicador ‘’ se trata de una figura jurídica concreta determinada en el artículo 32 LCSP  y que requiere dar cumplimiento por parte de la entidad a los requisitos en este artículo contenidos, que sumariamente se pueden resumir principalmente en los siguientes:

  1. Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el poder adjudicador pueda ejercer sobre el destinatario una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
  2. Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.
  3. Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.
  4. La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación.

Por otro lado y siendo la modificación a la que se ha dado más relevancia mediática por su trascendencia se declaran sujetas al impuesto cualquier operación de entrega de bienes y/o prestaciones de servicios comerciales o mercantiles que sean efectuados por entes públicos de radio y televisión, dando respuesta así a la necesidad de adaptarse a la normativa y jurisprudencia comunitarias que venían estableciendo la Radio y Televisión como un sector de actividad en el que en todo caso se sus operaciones deben quedar sujetas al IVA aun siendo realizadas por la Administración Pública. En este sentido reviste especial relevancia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2016, asunto C11/15.

La batalla por la tributación del impuesto en relación a los entes públicos de radio y televisión se hacía patente con la ya conocida reclamación por parte de la Agencia Tributaria en la que solicitaba a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (en adelante CCMA), a la que pertenece la icónica TV3, que devolviese 59,7 millones de euros que la CCMA se había deducido en concepto de cuotas soportadas de IVA vinculadas a las subvenciones recibidas de la Generalitat de Catalunya.

Dando un vuelco a la situación, el Tribunal Económico Administrativo Central le ha dado la razón a la CCMA concediéndole el derecho a deducirse el Impuesto sobre el Valor Añadido en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

 

Modificación del tratamiento fiscal dado a las subvenciones vinculadas al precio de aquellas operaciones sujetas al IVA.

 

Modificando los artículos 78 Dos y 78 Tres LIVA se ha optado por excluir las “subvenciones no vinculadas al precio” de la determinación de la base imponible del impuesto.

Fruto de esta exclusión, el legislador matiza: ya no se considerarán subvenciones no vinculadas al precio todas aquellas aportaciones o contribuciones financieras realizadas por las Administraciones Públicas para la gestión de servicios públicos o fomento de la cultura siempre que no exista una distorsión de la competencia al no prestarse tales servicios en un régimen de libre concurrencia.

Tampoco se considerarán subvenciones no vinculadas al precio las aportaciones o contribuciones financieras para las actividades de interés general cuyo destinatario sea el conjunto de la sociedad (el ejemplo más claro es quizá la financiación de labores de Investigación, Innovación y Desarrollo).

 

Deducibilidad de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos duales

 

En relación con la modificación de los artículos 78 Dos y 78 Tres LIVA arriba mencionadas se ha procedido a adaptar el artículo 93 Cinco LIVA con el objetivo de clarificar el régimen de deducción para las entidades que realizan de forma simultanea operaciones sujetas y operaciones no sujetas al impuesto.

Ahora, los sujetos pasivos duales pueden atender a la proporción, que representan las cuotas que se correspondan a los bienes y servicios utilizados en el marco de una operación sujeta al impuesto respecto del total de ingresos para todo el conjunto de su actividad durante dicho año natural.

El legislador aclara además que este régimen de deducción no se aplica a aquellas actividades de gestión de servicios públicos donde no exista una distorsión de la competencia al no prestarse tales servicios en un régimen de libre concurrencia.

En cuanto a la aplicación de estas modificaciones conviene recordar que de conformidad con la Disposición Adicional 13ª de la LCSP se entenderán realizadas también para la aplicación del Impuesto General Indirecto Canario y el Impuesto sobre la Producción, Servicios, y la Importación que se viene aplicando en Ceuta y Melilla.

 

¿Qué modificaciones quedan pendientes?

 

Atendiendo ahora a las modificaciones que aún están por venir, el Gobierno se ha comprometido a la actualización del listado de países y territorios con consideración de paraíso fiscal. Dicha actualización previsiblemente se producirá una vez la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, conocida por sus siglas como la OCDE,  y la Unión Europea hayan publicado sendos listados de jurisdicciones no cooperativas, con la finalidad de no contradecir estos listados.

Finalmente, y en lo que refiere a la modificación del Reglamento del Impuesto de Sociedades conforme a las obligaciones de información de los grupos de empresas, y ya más concretamente de su artículo 13, se prevé adecuar la normativa nacional haciéndola más próxima al marco internacional al permitir que entidades distintas de la matriz grupal puedan presentar la información requerida a cada país, buscando con ello una mayor eficiencia de los recursos públicos del estado mientras se reduce la carga administrativa que hasta ahora venían soportando estos grupos empresariales.

Los abogados y el personal de AAMC esperamos que este breve compendio le sea de utilidad al lector, quedando desde luego a su disposición para cualquier consulta legal.

 

Jordi Brotons
Socio y Responsable del Área Tributaria

Miguel Rubio
Abogado Área Tributaria